La celebración el 10 de octubre pasado del Día Internacional contra la Pena de Muerte, bajo cuyo cobijo se han celebrado y celebran actos –también en España, como el convocado por Amnistía Internacional– contra este atroz epítome de barbarie que supone el acabar con la vida de un semejante, me da pie para comentar un libro de especial interés que también se ocupa, entre otras cosas, de una condena a muerte en España que, en su momento, provocó protestas generalizadas en todo el mundo.

Los lectores de esta sección de LEER, también los de mis libros, son conocedores de mi insistente preocupación por el más importante de los Derechos Humanos recogidos en la declaración de las Naciones Unidas, cuyo Artículo 19 protege la libertad de palabra y pensamiento, la libertad de Prensa y expresión.

Y digo el más importante, excluyendo obviamente el más esencial de ellos: el del derecho a la vida y, por tanto, la condena a quienes atentan contra ella, en cualquiera del más de medio centenar de países cuyas leyes aún permiten dar muerte “legalmente” a un ser humano, y de cuya abolición soy tan insistente solicitante desde hace casi cuarenta años que me ha llevado a apoyar y a afiliarme a varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, los dos citados sobre todo. No es ocioso recordar que en el siglo XXI miles de personas fueron ejecutadas –diré mejor “asesinadas legalmente”–, precisamente en 2008, en todo el mundo.

En otro momento me ocuparé de las informaciones y los impagables comentarios que Penella realiza sobre la famosa “Ley Fraga”, la Ley de Prensa de 1966 de la dictadura de Franco, aún hoy inexplicablemente vigente en España, por la que he sido condenado por el archiconocido “caso Hassan II” que se encuentra en Estrasburgo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ahora, me centraré en la condena a muerte del dirigente comunista Julián Grimau, fusilado en abril de 1963.

Relata Penella cómo aquel fue un Consejo de Ministros –con Fraga como flamante responsable de la cartera de Información y Turismo– de casi diez horas de duración, “uno de los debates más difíciles que recuerdo. Predominó la tesis negativa”, es decir, la de desoír las peticiones de clemencia de todo el mundo, incluidas las de Juan XXIII, Jruchev o la Reina de Inglaterra. “Grimau había sido condenado por ‘rebelión militar’ –escribe el autor– pero, sobre todo, por los supuestos crímenes que había cometido en tiempos de la Guerra Civil, que dieron por no prescritos al aplicársele –ad hoc– una ley del siglo XIX”.

La Guardia Civil, en aquella ocasión, se negó a formar el pelotón de fusilamiento, cometido del que se encargaron unos pobres soldados de reemplazo, en un episodio siniestro de madrugada en el que un oficial de milicias universitarias hubo de disparar, no uno –dada su angustia y nerviosismo– sino tres tiros de gracia. Acabó en un psiquiátrico, donde moriría.

El fiscal fue “un individuo sin preparación, que no aportó ninguna prueba”, según Penella, y el defensor de Grimau un oficial y abogado que con el tiempo sería diputado de la UCD, Alejandro Rebollo, que ha recibido el reconocimiento agradecido de la familia del ejecutado.

En LEER escribe, precisamente, Carmen Grimau, su hija. Ytambién lo hace el catedrático Gabriel Albiac, marido de Carmen. Se ha especulado a lo largo de los años sobre una supuesta denuncia a la Policía por parte de dirigentes del PCE en el exilio parisino, aunque, según su familia, nunca se pudo probar tal extremo, y atribuyen la confesión a un comunista detenido, Francisco Lara, quien tras ser “interrogado” por la Policía de Franco acabaría confesando la presencia de un alto dirigente –sin nombre, que no conocía– del PCE en Madrid.

Septiembre de 1975 Y de un fusilamiento, el del 63, a otros, los del 75. De aquel suceso terrible a aquellos otros, los del 27 de septiembre de 1975, los cinco fusilados de aquel otoño aterrador que conmocionó a todo el orbe. Manot y Otaegui, miembros de ETA, ejecutados en Barcelona y Burgos, respectivamente. Ytres miembros del FRAP –Frente Revolucionario, Antifascista y Patriótico–, el grupo de ultraizquierda volcado en la lucha armada, fundado por Julio Alvarez del Vayo, tras abandonar en el exilio las filas socialistas. Ymi gran y viejo amigo Luis Eduardo Aute, su grandiosa “Al alba”, la canción que, nacida inicialmente como una balada de amor, protestó musicalmente, burlando la censura, por aquella monstruosidad. Aute lo explica en la larga conversación mantenida conmigo en estas páginas y que ha quedado recogida en mi último libro, Gente Rara.

El mundo sin duda es un pañuelo porque los mismos tribunales que condenaron a muerte a los cinco ejecutados el 27 de septiembre, condenaron a otras seis personas más, que finalmente fueron indultadas apresuradamente por Franco, lo que permitió a la prensa española, amordazada por la dictadura, hablar de “clemencia”. Una de las personas indultadas sería precisamente María Jesús Dasca, que poco después colaboraría conmigo en una de mis singladuras periodísticas de los años 70 y 80.

Cortina Mauri

En aquellos días previos al inicio del otoño me encontraba en México. Después viajaría a Nueva York. Las Naciones Unidas, en período extraordinario de sesiones, celebraban su Asamblea General, desde el día 1 al 16 de septiembre. Eramos entonces todos más jóvenes y sin duda mucho más vehementes e impulsivos, y casi suicidas.

El ministro de Asuntos Exteriores español, el último canciller del último Gobierno de Franco que firmaría las sentencias de muerte, era alguien bien conocido por mí. Se trataba de Pedro Cortina Mauri –padre de Alberto Cortina, uno de los dos “Albertos”–, nacido en un pueblecito del Pirineo de Lérida, Pobla de Segur, donde yo había pasado varios años de mi adolescencia como obrero metalúrgico.

Aquellos días mi ánimo se mostraba muy afectado e influenciado por el clima de rechazo y sobreexcitación internacionales ante las previstas ejecuciones en España. En México, el presidente Luis Echeverría, a quien conocía bien, tras casi dos años de permanencia en México como corresponsal, acababa de pedir la expulsión de España de la ONU.

Quizá por el clima de unánime rechazo o, acaso, por el “militar” taconazo con la consiguiente y servil inclinación de cabeza con los que un corresponsal español saludó y materialmente se cuadró en un pasillo de las Naciones Unidas ante el ministro Cortina, escena que yo había presenciado unos minutos antes; o los numerosos delegados que, al aparecer el político español, abandonaron ostensiblemente sus asientos en la gran sala de la Asamblea General para manifestar su condena y rechazo a las ejecuciones. Por todo ello, al coincidir con él en uno de los pasillos de la ONU, no pude contenerme y le grité al ministro: “¡No a las ejecuciones, no a la pena de muerte!”.

Aún siento su mirada oblicua, preñada de enfado y reproche contenidos, cuando abandoné precipitadamente el escenario de mi protesta, y su pregunta, como musitada inocentemente a alguno de sus acompañantes: "¿Quién es ése?”. La descomprometida respuesta quizás me evitó problemas en Madrid: “Un mexicano”

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